Insolvencia Empresa-Persona y Defensa Deudores

La ley N°20.720, establece un conjunto de procedimientos concursales, administrativos y judiciales que permiten renegociar o reorganizar las deudas de personas y empresas, quedando el deudor con nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. En otros casos, liquidar los bienes del deudor con el objeto de concurrir al pago de sus acreedores y tener una solución al problema del sobreendeudamiento.

Dependiendo de que se trate de una persona natural o una jurídica el procedimiento que se utilizará variará. La ley establece un procedimiento de reorganización y liquidación para la empresa deudora, en cambio, para el caso de la persona natural deudora, la ley establece un procedimiento de renegociación y liquidación.

• Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824 de 1974. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.
•  Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Es decir, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento de Renegociación, la Persona Deudora no debe haber emitido boletas de honorarios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

Son Empresas Deudoras:

• Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,
• Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y
• Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando las causales que establece la ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,
• La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

• Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,
• Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,
• Relación de sus juicios pendientes,
• Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,
• Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y
• Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna las causales que establece la Ley. 

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

• Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,
• Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,
• Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.
• Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso de que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,
• La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

• Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.
• Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

La solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Luego, una vez emitido el certificado de nominación por la Superintendencia, deberá acompañar al tribunal, lo siguiente:

• Relación de sus bienes.
• Relación de bienes de terceros.
• Relación de los bienes en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.
• Balance correspondiente a su último ejercicio y balance provisorio, si el deudor llevare contabilidad completa.

• Copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal competente.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

Es un procedimiento administrativo y gratuito para la persona deudora. En este caso, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

• Por más de 90 días corridos,
• Actualmente exigibles,
• Que provengan de obligaciones distintas, y
• Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Al generarse el Acuerdo de Renegociación, las obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo con los términos del Acuerdo de Renegociación. 

Si en el marco de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la audiencia de ejecución no existe acuerdo respecto a la forma en que deben realizarse los bienes, el tribunal deberá dictar la Resolución de Liquidación de la Persona Deudora.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.
2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.
3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.
4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.
5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Por ley solo las deudas cuya morosidad sea igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

1. Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.
2. Detalle de causa registradas en el Poder Judicial. Se obtiene con clave única del Registro Civil.
3. Si además tiene deudas Bancarias, el informe de deuda emitido por la CMF (Antigua SBIF).

Una vez obtenida la sentencia definitiva y ejecutoriada que pone fin al juicio de cobro. Se debe presentar una copia ante el Boletín Comercial, y de esta forma eliminar la deuda informada.

Como primera opción y aunque resulte obvio, el pago permite la eliminación casi inmediata de los registros comerciales. Cuando no existe la posibilidad de pagar o ha transcurrido mucho tiempo desde contraída la deuda, existen distintos mecanismos legales que permiten la eliminación de los registros, entre otras; Abandono del Procedimiento, Prescripción de la acción de cobro, Liquidaciones, Nulidades, entre otras formas legales de terminar un juicio de cobro. 

En el caso de un proceso de Liquidación, se elimina la deuda y la publicación en los registros. Esto se explica porque esta opción busca que una persona o empresa se convierta nuevamente en “sujeto de crédito”, por lo que cualquier deuda que no se alcance a pagar con los bienes liquidados, debe ser anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.

Las tercerías surgen cuando 3°extraños o ajenos al proceso intervienen en él, invocando derechos que la ley consagra con relación a los bienes embargados o en relación con el pago de la obligación.

En el juicio ejecutivo (demanda) sólo son admisibles las siguientes tercerías:

Tercería de dominio: cuando un tercero reclama, ser el dueño del bien embargado.

Tercería de posesión: cuando un tercero reclama, tener la posesión sobre los bienes que se han constituido en embargo.

Tercería de prelación: es un derecho del acreedor privilegiado para hacer valer su crédito respecto del ejecutado y su preferencia respecto del ejecutante.

Tercería de pago: un tercero pretende derecho para concurrir a prorrata con el ejecutante en el pago de lo adeudado, a falta de otros bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería es después del embargo y hasta antes de que se realice el retiro y remate de los bienes. 

Las tercerías se encuentran reglamentadas entre los artículos 518 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. 

Una tercería es uno de los métodos más efectivos para evitar el embargo y remate de sus bienes. Sin embargo, se debe actuar a tiempo y con un acertado diagnóstico legal para logar el resultado esperado. 

La ley N°20.720, establece un conjunto de procedimientos concursales, administrativos y judiciales que permiten renegociar o reorganizar las deudas de personas y empresas, quedando el deudor con nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. En otros casos, liquidar los bienes del deudor con el objeto de concurrir al pago de sus acreedores y tener una solución al problema del sobreendeudamiento.

Dependiendo de que se trate de una persona natural o una jurídica el procedimiento que se utilizará variará. La ley establece un procedimiento de reorganización y liquidación para la empresa deudora, en cambio, para el caso de la persona natural deudora, la ley establece un procedimiento de renegociación y liquidación.

• Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824 de 1974. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.
•  Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Es decir, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento de Renegociación, la Persona Deudora no debe haber emitido boletas de honorarios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

Son Empresas Deudoras:

• Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,
• Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y
• Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando las causales que establece la ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,
• La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

• Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,
• Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,
• Relación de sus juicios pendientes,
• Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,
• Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y
• Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna las causales que establece la Ley. 

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

• Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,
• Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,
• Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.
• Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso de que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,
• La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

• Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.
• Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

La solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Luego, una vez emitido el certificado de nominación por la Superintendencia, deberá acompañar al tribunal, lo siguiente:

• Relación de sus bienes.
• Relación de bienes de terceros.
• Relación de los bienes en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.
• Balance correspondiente a su último ejercicio y balance provisorio, si el deudor llevare contabilidad completa.

• Copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal competente.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

Es un procedimiento administrativo y gratuito para la persona deudora. En este caso, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

• Por más de 90 días corridos,
• Actualmente exigibles,
• Que provengan de obligaciones distintas, y
• Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Al generarse el Acuerdo de Renegociación, las obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo con los términos del Acuerdo de Renegociación. 

Si en el marco de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la audiencia de ejecución no existe acuerdo respecto a la forma en que deben realizarse los bienes, el tribunal deberá dictar la Resolución de Liquidación de la Persona Deudora.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.
2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.
3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.
4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.
5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Por ley solo las deudas cuya morosidad sea igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

1. Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.
2. Detalle de causa registradas en el Poder Judicial. Se obtiene con clave única del Registro Civil.
3. Si además tiene deudas Bancarias, el informe de deuda emitido por la CMF (Antigua SBIF).

Una vez obtenida la sentencia definitiva y ejecutoriada que pone fin al juicio de cobro. Se debe presentar una copia ante el Boletín Comercial, y de esta forma eliminar la deuda informada.

Como primera opción y aunque resulte obvio, el pago permite la eliminación casi inmediata de los registros comerciales. Cuando no existe la posibilidad de pagar o ha transcurrido mucho tiempo desde contraída la deuda, existen distintos mecanismos legales que permiten la eliminación de los registros, entre otras; Abandono del Procedimiento, Prescripción de la acción de cobro, Liquidaciones, Nulidades, entre otras formas legales de terminar un juicio de cobro. 

En el caso de un proceso de Liquidación, se elimina la deuda y la publicación en los registros. Esto se explica porque esta opción busca que una persona o empresa se convierta nuevamente en “sujeto de crédito”, por lo que cualquier deuda que no se alcance a pagar con los bienes liquidados, debe ser anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.

Las tercerías surgen cuando 3°extraños o ajenos al proceso intervienen en él, invocando derechos que la ley consagra con relación a los bienes embargados o en relación con el pago de la obligación.

En el juicio ejecutivo (demanda) sólo son admisibles las siguientes tercerías:

Tercería de dominio: cuando un tercero reclama, ser el dueño del bien embargado.

Tercería de posesión: cuando un tercero reclama, tener la posesión sobre los bienes que se han constituido en embargo.

Tercería de prelación: es un derecho del acreedor privilegiado para hacer valer su crédito respecto del ejecutado y su preferencia respecto del ejecutante.

Tercería de pago: un tercero pretende derecho para concurrir a prorrata con el ejecutante en el pago de lo adeudado, a falta de otros bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería es después del embargo y hasta antes de que se realice el retiro y remate de los bienes. 

Las tercerías se encuentran reglamentadas entre los artículos 518 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. 

Una tercería es uno de los métodos más efectivos para evitar el embargo y remate de sus bienes. Sin embargo, se debe actuar a tiempo y con un acertado diagnóstico legal para logar el resultado esperado. 

La ley N°20.720, establece un conjunto de procedimientos concursales, administrativos y judiciales que permiten renegociar o reorganizar las deudas de personas y empresas, quedando el deudor con nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. En otros casos, liquidar los bienes del deudor con el objeto de concurrir al pago de sus acreedores y tener una solución al problema del sobreendeudamiento.

Dependiendo de que se trate de una persona natural o una jurídica el procedimiento que se utilizará variará. La ley establece un procedimiento de reorganización y liquidación para la empresa deudora, en cambio, para el caso de la persona natural deudora, la ley establece un procedimiento de renegociación y liquidación.

• Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824 de 1974. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.
•  Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Es decir, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento de Renegociación, la Persona Deudora no debe haber emitido boletas de honorarios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

Son Empresas Deudoras:

• Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,
• Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y
• Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando las causales que establece la ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,
• La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

• Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,
• Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,
• Relación de sus juicios pendientes,
• Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,
• Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y
• Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna las causales que establece la Ley. 

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

• Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,
• Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,
• Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.
• Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso de que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,
• La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

• Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.
• Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

La solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Luego, una vez emitido el certificado de nominación por la Superintendencia, deberá acompañar al tribunal, lo siguiente:

• Relación de sus bienes.
• Relación de bienes de terceros.
• Relación de los bienes en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.
• Balance correspondiente a su último ejercicio y balance provisorio, si el deudor llevare contabilidad completa.

• Copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal competente.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

Es un procedimiento administrativo y gratuito para la persona deudora. En este caso, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

• Por más de 90 días corridos,
• Actualmente exigibles,
• Que provengan de obligaciones distintas, y
• Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Al generarse el Acuerdo de Renegociación, las obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo con los términos del Acuerdo de Renegociación. 

Si en el marco de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la audiencia de ejecución no existe acuerdo respecto a la forma en que deben realizarse los bienes, el tribunal deberá dictar la Resolución de Liquidación de la Persona Deudora.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.
2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.
3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.
4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.
5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Por ley solo las deudas cuya morosidad sea igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

1. Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.
2. Detalle de causa registradas en el Poder Judicial. Se obtiene con clave única del Registro Civil.
3. Si además tiene deudas Bancarias, el informe de deuda emitido por la CMF (Antigua SBIF).

Una vez obtenida la sentencia definitiva y ejecutoriada que pone fin al juicio de cobro. Se debe presentar una copia ante el Boletín Comercial, y de esta forma eliminar la deuda informada.

Como primera opción y aunque resulte obvio, el pago permite la eliminación casi inmediata de los registros comerciales. Cuando no existe la posibilidad de pagar o ha transcurrido mucho tiempo desde contraída la deuda, existen distintos mecanismos legales que permiten la eliminación de los registros, entre otras; Abandono del Procedimiento, Prescripción de la acción de cobro, Liquidaciones, Nulidades, entre otras formas legales de terminar un juicio de cobro. 

En el caso de un proceso de Liquidación, se elimina la deuda y la publicación en los registros. Esto se explica porque esta opción busca que una persona o empresa se convierta nuevamente en “sujeto de crédito”, por lo que cualquier deuda que no se alcance a pagar con los bienes liquidados, debe ser anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.

Las tercerías surgen cuando 3°extraños o ajenos al proceso intervienen en él, invocando derechos que la ley consagra con relación a los bienes embargados o en relación con el pago de la obligación.

En el juicio ejecutivo (demanda) sólo son admisibles las siguientes tercerías:

Tercería de dominio: cuando un tercero reclama, ser el dueño del bien embargado.

Tercería de posesión: cuando un tercero reclama, tener la posesión sobre los bienes que se han constituido en embargo.

Tercería de prelación: es un derecho del acreedor privilegiado para hacer valer su crédito respecto del ejecutado y su preferencia respecto del ejecutante.

Tercería de pago: un tercero pretende derecho para concurrir a prorrata con el ejecutante en el pago de lo adeudado, a falta de otros bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería es después del embargo y hasta antes de que se realice el retiro y remate de los bienes. 

Las tercerías se encuentran reglamentadas entre los artículos 518 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. 

Una tercería es uno de los métodos más efectivos para evitar el embargo y remate de sus bienes. Sin embargo, se debe actuar a tiempo y con un acertado diagnóstico legal para logar el resultado esperado. 

La ley N°20.720, establece un conjunto de procedimientos concursales, administrativos y judiciales que permiten renegociar o reorganizar las deudas de personas y empresas, quedando el deudor con nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. En otros casos, liquidar los bienes del deudor con el objeto de concurrir al pago de sus acreedores y tener una solución al problema del sobreendeudamiento.

Dependiendo de que se trate de una persona natural o una jurídica el procedimiento que se utilizará variará. La ley establece un procedimiento de reorganización y liquidación para la empresa deudora, en cambio, para el caso de la persona natural deudora, la ley establece un procedimiento de renegociación y liquidación.

• Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824 de 1974. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.
•  Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Es decir, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento de Renegociación, la Persona Deudora no debe haber emitido boletas de honorarios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

Son Empresas Deudoras:

• Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,
• Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y
• Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando las causales que establece la ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,
• La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

• Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,
• Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,
• Relación de sus juicios pendientes,
• Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,
• Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y
• Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna las causales que establece la Ley. 

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

• Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,
• Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,
• Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.
• Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso de que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,
• La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

• Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.
• Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

La solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Luego, una vez emitido el certificado de nominación por la Superintendencia, deberá acompañar al tribunal, lo siguiente:

• Relación de sus bienes.
• Relación de bienes de terceros.
• Relación de los bienes en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.
• Balance correspondiente a su último ejercicio y balance provisorio, si el deudor llevare contabilidad completa.

• Copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal competente.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

Es un procedimiento administrativo y gratuito para la persona deudora. En este caso, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

• Por más de 90 días corridos,
• Actualmente exigibles,
• Que provengan de obligaciones distintas, y
• Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Al generarse el Acuerdo de Renegociación, las obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo con los términos del Acuerdo de Renegociación. 

Si en el marco de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la audiencia de ejecución no existe acuerdo respecto a la forma en que deben realizarse los bienes, el tribunal deberá dictar la Resolución de Liquidación de la Persona Deudora.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.
2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.
3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.
4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.
5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Por ley solo las deudas cuya morosidad sea igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

1. Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.
2. Detalle de causa registradas en el Poder Judicial. Se obtiene con clave única del Registro Civil.
3. Si además tiene deudas Bancarias, el informe de deuda emitido por la CMF (Antigua SBIF).

Una vez obtenida la sentencia definitiva y ejecutoriada que pone fin al juicio de cobro. Se debe presentar una copia ante el Boletín Comercial, y de esta forma eliminar la deuda informada.

Como primera opción y aunque resulte obvio, el pago permite la eliminación casi inmediata de los registros comerciales. Cuando no existe la posibilidad de pagar o ha transcurrido mucho tiempo desde contraída la deuda, existen distintos mecanismos legales que permiten la eliminación de los registros, entre otras; Abandono del Procedimiento, Prescripción de la acción de cobro, Liquidaciones, Nulidades, entre otras formas legales de terminar un juicio de cobro. 

En el caso de un proceso de Liquidación, se elimina la deuda y la publicación en los registros. Esto se explica porque esta opción busca que una persona o empresa se convierta nuevamente en “sujeto de crédito”, por lo que cualquier deuda que no se alcance a pagar con los bienes liquidados, debe ser anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.

Las tercerías surgen cuando 3°extraños o ajenos al proceso intervienen en él, invocando derechos que la ley consagra con relación a los bienes embargados o en relación con el pago de la obligación.

En el juicio ejecutivo (demanda) sólo son admisibles las siguientes tercerías:

Tercería de dominio: cuando un tercero reclama, ser el dueño del bien embargado.

Tercería de posesión: cuando un tercero reclama, tener la posesión sobre los bienes que se han constituido en embargo.

Tercería de prelación: es un derecho del acreedor privilegiado para hacer valer su crédito respecto del ejecutado y su preferencia respecto del ejecutante.

Tercería de pago: un tercero pretende derecho para concurrir a prorrata con el ejecutante en el pago de lo adeudado, a falta de otros bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería es después del embargo y hasta antes de que se realice el retiro y remate de los bienes. 

Las tercerías se encuentran reglamentadas entre los artículos 518 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. 

Una tercería es uno de los métodos más efectivos para evitar el embargo y remate de sus bienes. Sin embargo, se debe actuar a tiempo y con un acertado diagnóstico legal para logar el resultado esperado. 

La ley N°20.720, establece un conjunto de procedimientos concursales, administrativos y judiciales que permiten renegociar o reorganizar las deudas de personas y empresas, quedando el deudor con nuevas y mejores condiciones para el pago de sus obligaciones. En otros casos, liquidar los bienes del deudor con el objeto de concurrir al pago de sus acreedores y tener una solución al problema del sobreendeudamiento.

Dependiendo de que se trate de una persona natural o una jurídica el procedimiento que se utilizará variará. La ley establece un procedimiento de reorganización y liquidación para la empresa deudora, en cambio, para el caso de la persona natural deudora, la ley establece un procedimiento de renegociación y liquidación.

• Las personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 1 del decreto ley N.° 824 de 1974. Es decir, las personas naturales sujetas a un contrato de trabajo.
•  Y los demás sujetos de crédito no comprendidos en la definición de empresas deudoras, que entrega el artículo 2 N.° 13 de la Ley N.° 20.720. Es decir, cualquier persona natural sujeto de crédito tales como, dueñas de casa, estudiantes, jubilados, entre otros.

Nota: Para someterse al Procedimiento de Renegociación, la Persona Deudora no debe haber emitido boletas de honorarios durante los 24 meses anteriores a la solicitud de renegociación.

Son Empresas Deudoras:

• Personas jurídicas de derecho privado, con o sin fines de lucro,
• Personas naturales contribuyentes de Primera Categoría, y
• Personas naturales contribuyentes del artículo 42 N° 2 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Persona Deudora, ante el tribunal competente, invocando las causales que establece la ley.

Dictada la Resolución de Liquidación de bienes de la Persona Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Persona Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Persona Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Persona Deudora deberá comparecer en juicio, representada por el Liquidador,
• La Persona Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privada del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Persona Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la Empresa Deudora con el objeto de propender al pago de sus acreedores cuando ésta no es viable.

Si la Empresa Deudora decide iniciar un Procedimiento de Liquidación voluntaria, deberá presentar una solicitud de liquidación voluntaria ante el tribunal competente. Esta solicitud deberá acompañarse de los siguientes antecedentes:

• Listado de sus bienes, lugar en que se encuentran y los gravámenes que les afectan,
• Lista de los bienes legalmente excluidos de la liquidación,
• Relación de sus juicios pendientes,
• Estado de deudas, con nombre, domicilio y datos de contacto de los acreedores, así como la naturaleza de sus créditos,
• Nómina de los trabajadores, cualquiera sea su situación contractual, con indicación de las prestaciones laborales y previsionales adeudadas y fueros en su caso, y
• Si el Deudor llevare contabilidad completa presentará, además, su último balance.

Si. El acreedor deberá presentar una demanda de Liquidación forzosa en contra de la Empresa Deudora, ante el tribunal civil competente, invocando alguna las causales que establece la Ley. 

La demanda deberá señalar la causal invocada y sus hechos justificativos y acompañar los siguientes antecedentes:

• Documentos o antecedentes escritos que acrediten la causal,
• Vale vista o boleta bancaria equivalente a 100 UF. para subvenir los gastos iniciales del procedimiento,
• Designación del Veedor para que supervigile la actividad de la Empresa Deudora, si procede el juicio de oposición.
• Nombre del Liquidador titular y suplente, en caso de que la Empresa Deudora no comparezca a la audiencia inicial.

Dictada la Resolución de Liquidación de la Empresa Deudora, se producirán, entre otros, los siguientes efectos en relación con el deudor y sus bienes:

• La Empresa Deudora quedará inhibida de la administración de todos sus bienes presentes, con excepción de aquellos que la ley declara inembargables. Su administración pasará al Liquidador. En consecuencia, serán nulos los actos y contratos posteriores que el deudor ejecute o celebre en relación a estos bienes,
• La Empresa Deudora perderá la facultad de disposición sobre sus bienes y frutos, actuales y futuros,
• La Empresa Deudora deberá comparecer en juicio, representado por el Liquidador,
• La Empresa Deudora podrá interponer por sí, las acciones referidas a su persona y que tengan por objeto derechos inherentes a ella. No será privado del ejercicio de sus derechos civiles, ni se le impondrán inhabilidades especiales sino en los casos expresamente determinados por las leyes.
• En caso de negligencia del Liquidador, la Empresa Deudora podrá solicitar al tribunal que ordene la ejecución de las providencias conservativas que fueren pertinentes.

Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento de Liquidación, se entenderán extinguidos por el solo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Empresa Deudora, con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación.

Es un procedimiento judicial, que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y activos de la Empresa Deudora, cuando ésta es viable.

Pueden someterse al Procedimiento de Reorganización, ante el tribunal competente, esto es, el del domicilio del Deudor, solo las Empresas Deudoras.

La Empresa Deudora debe cumplir los siguientes requisitos:

• Presentar una solicitud de inicio de Procedimiento Concursal de Reorganización, cuyo modelo se encontrará disponible en tribunales, en las dependencias de la Superintendencia y en el sitio web de la misma.
• Acompañar ante el tribunal competente y la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, según corresponda, los antecedentes exigidos por los artículos 55 y 56 de la Ley N.° 20.720, los que tienen por finalidad determinar el pasivo de la Empresa Deudora.

La solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización. Luego, una vez emitido el certificado de nominación por la Superintendencia, deberá acompañar al tribunal, lo siguiente:

• Relación de sus bienes.
• Relación de bienes de terceros.
• Relación de los bienes en poder del deudor en una calidad distinta a la de dueño.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.
• Balance correspondiente a su último ejercicio y balance provisorio, si el deudor llevare contabilidad completa.

• Copia de la solicitud de inicio del procedimiento concursal de reorganización ante el tribunal competente.
• Certificado de deudas de un auditor independiente, que indique el estado de deudas, nombre, domicilio y correo de electrónico de sus acreedores o representantes legales, naturaleza de los títulos (deuda), monto de los créditos indicando el porcentaje que cada uno representa del total del pasivo. Expresión de los tres mayores acreedores, excluidas las personas relacionadas.

El acuerdo de reorganización aprobado judicialmente, producirá la remisión, novación o repactación de todo o parte de los créditos, conforme lo acordado.

Es un procedimiento administrativo y gratuito para la persona deudora. En este caso, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, actúa como facilitadora de acuerdos entre la Persona Deudora y sus acreedores. Este procedimiento tiene por finalidad la renegociación de las obligaciones del deudor o la ejecución de sus bienes para el pago de sus obligaciones vigentes.

a) Tener 2 o más obligaciones (deudas) vencidas:

• Por más de 90 días corridos,
• Actualmente exigibles,
• Que provengan de obligaciones distintas, y
• Que sumen en total más de 80 Unidades de Fomento.

b) No debe haber sido notificada de una demanda de liquidación forzosa o de cualquier otro juicio ejecutivo iniciado en su contra, que no sea de origen laboral.

Al generarse el Acuerdo de Renegociación, las obligaciones emanadas de los créditos que forman parte de dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, de acuerdo con los términos del Acuerdo de Renegociación. 

Si en el marco de un Procedimiento Concursal de Renegociación, en la audiencia de ejecución no existe acuerdo respecto a la forma en que deben realizarse los bienes, el tribunal deberá dictar la Resolución de Liquidación de la Persona Deudora.

Es el periodo durante el cual:

1. No podrá solicitarse la liquidación del deudor, ni iniciarse en su contra juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restituciones en juicios de arrendamiento.
2. Se suspenderán los plazos de prescripción extintivas de las obligaciones del deudor.
3. No se continuarán devengando los intereses moratorios pactados en los actos o contratos vigentes suscritos por la Persona Deudora.
4. Los contratos suscritos por la Persona Deudora mantendrán su vigencia y condiciones de pago, sin que sea posible terminar el contrato fundado en el inicio del procedimiento.
5. La Persona Deudora, no podrá ejecutar actos ni celebrar contratos relativos a los bienes embargables que sean parte del procedimiento concursal de renegociación.

Los efectos de la Protección Financiera Concursal, se extinguirán con la publicación en el Boletín Concursal del acta que contiene el acuerdo de renegociación o el acuerdo de ejecución según sea el caso, y cuando se termine anticipadamente el procedimiento por resolución dictada por la Superintendencia.

Por ley solo las deudas cuya morosidad sea igual o superior a 90 días, sólo se informarán si se tiene un título ejecutivo válido y vigente y siempre que se estén siguiendo las gestiones de cobro correspondientes.

1. Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago.
2. Detalle de causa registradas en el Poder Judicial. Se obtiene con clave única del Registro Civil.
3. Si además tiene deudas Bancarias, el informe de deuda emitido por la CMF (Antigua SBIF).

Una vez obtenida la sentencia definitiva y ejecutoriada que pone fin al juicio de cobro. Se debe presentar una copia ante el Boletín Comercial, y de esta forma eliminar la deuda informada.

Como primera opción y aunque resulte obvio, el pago permite la eliminación casi inmediata de los registros comerciales. Cuando no existe la posibilidad de pagar o ha transcurrido mucho tiempo desde contraída la deuda, existen distintos mecanismos legales que permiten la eliminación de los registros, entre otras; Abandono del Procedimiento, Prescripción de la acción de cobro, Liquidaciones, Nulidades, entre otras formas legales de terminar un juicio de cobro. 

En el caso de un proceso de Liquidación, se elimina la deuda y la publicación en los registros. Esto se explica porque esta opción busca que una persona o empresa se convierta nuevamente en “sujeto de crédito”, por lo que cualquier deuda que no se alcance a pagar con los bienes liquidados, debe ser anulada y borrada en todo el sistema, independiente de la que se trate.

Las tercerías surgen cuando 3°extraños o ajenos al proceso intervienen en él, invocando derechos que la ley consagra con relación a los bienes embargados o en relación con el pago de la obligación.

En el juicio ejecutivo (demanda) sólo son admisibles las siguientes tercerías:

Tercería de dominio: cuando un tercero reclama, ser el dueño del bien embargado.

Tercería de posesión: cuando un tercero reclama, tener la posesión sobre los bienes que se han constituido en embargo.

Tercería de prelación: es un derecho del acreedor privilegiado para hacer valer su crédito respecto del ejecutado y su preferencia respecto del ejecutante.

Tercería de pago: un tercero pretende derecho para concurrir a prorrata con el ejecutante en el pago de lo adeudado, a falta de otros bienes del deudor.

La oportunidad procesal para interponer una tercería es después del embargo y hasta antes de que se realice el retiro y remate de los bienes. 

Las tercerías se encuentran reglamentadas entre los artículos 518 y Ss., del Código de Procedimiento Civil. 

Una tercería es uno de los métodos más efectivos para evitar el embargo y remate de sus bienes. Sin embargo, se debe actuar a tiempo y con un acertado diagnóstico legal para logar el resultado esperado.