Financiero25 ago. 2020

Análisis a la actual Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. El camino no siempre es la Quiebra

La ley N°20.720 sobre Insolvencia y Reemprendimiento, entró en vigencia el pasado 9 de octubre del año 2014 y vino a sustituir a la anterior ley concursal vigente desde el año 1982.

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Renato MatelunaAbogado
Director Área Litigios y Cobranza
Análisis a la actual Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. El camino no siempre es la Quiebra
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Esta ley permite a personas y empresas en situación de sobreendeudamiento, acceder a distintos procedimientos para resolver su situación de insolvencia y reemprender.

La actual Ley de Quiebras en su concepción original, consideró disponer procedimientos más expeditos y a menores costos, basados en fundamentos determinantes de la productividad de las economías, facilitando la entrada y salida de empresas, así como las reasignaciones de recursos entre ellas.

Sin embargo y a casi 6 años de su promulgación se hace necesaria una revisión que permita ajustar al actual escenario de crisis económica generado por la pandemia mundial Covid-19.

Según el XXIX Informe de Deuda Morosa elaborado por la Universidad San Sebastián y Equifax, el universo de personas deudoras a junio del 2020 alcanza las 4.959.145 personas. Sin considerar un escenario de deuda consolidada, que incrementaría aún más esta estadística. A este fenómeno se suma el último reporte estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y reemprendimiento, que muestra un incremento en el pasado mes de julio 2020, cifrando en más de 3 mil las personas declaradas en quiebra.

A pesar del incremento en las cifras publicadas por la SIR y en términos comparativos, aún sigue siendo menor la utilización de esta ley por parte de los deudores. En este sentido y considerando los efectos económicos que siguen impactando en la actividad de los distintos actores de la economía, resulta necesario y oportuno trabajar en mejoras a la ley de manera de eliminar las barreras que se presentan en su utilización.

Cambios que consideramos necesarios:

  • Corregir el impedimento para que miles de trabajadores/as sin contrato fijo, que hayan emitido una boleta de honorarios en los últimos 24 meses, puedan acogerse al procedimiento de renegociación gratuito ante la SIR y no queden excluidos al ser considerados como empresa y no como persona deudora.
  • Corregir el requisito de tener al menos dos cuotas morosas por más de 90 días con dos o más acreedores y haber sido notificada de al menos una demanda judicial. Este requisito permite que los acreedores (Bancos) puedan aplicar la cláusula de aceleración establecida en los contratos, acelerando la deuda y exigiendo ante tribunales el pago del total con reajustes, intereses y costas de los procedimientos.
  • Otra de las barreras que se generan, es el requisito del mínimo total de deuda, para acogerse al procedimiento de liquidación que en la actualidad debe ser igual o mayor a 80 UF. Una contradicción si tomamos en cuenta los resultados del XXIX Informe de Deuda Morosa, actualizado a junio del 2020 y que cifra la deuda promedio de los chilenos en 1,9 millones de pesos por persona.
  • La poca flexibilidad del Fisco en otorgar convenios y facilidades de pago para los impuestos en mora que le adeudan los contribuyentes. Lo anterior rigidiza los Acuerdos de Reorganización, toda vez que uno de los mayores compromisos de las Pymes, están actualmente dados en la postergación de sus obligaciones tributarias. Medidas impulsadas en su mayoría por Decreto Supremo N°420 y sus actualizaciones. En este sentido se hace necesaria una modificación al Art.192 y a la actual política de convenios y condonaciones vigente desde el año 2016, que distribuye las facultades entre SII y la Tesorería General de la República y que, descontado algunas modificaciones parciales, no se encuentra actualizada respecto del actual contexto de crisis económica.
  • Otros de los ajustes que estimamos necesarios al Procedimiento de Reorganización, dice relación a la falta de financiamiento para empresas que tengan una capacidad instalada y que se puedan poner nuevamente en marcha. Lo anterior cobra relevancia en el actual escenario de crisis económica y el desafío de Reactivación y Empleo que tenemos por delante, ya que una cosa es restructurar los pasivos u obligaciones de la empresa deudora y otra es viabilizar su operación, situación que requiere ir acompañada por una política de financiamiento.
  • Incorporar un procedimiento administrativo de renegociación gratuito ante la SIR, para que las pequeñas y medianas empresas golpeadas por la actual crisis sanitaria, no quiebren y puedan acceder a renegociar con sus acreedores nuevos plazos, condonaciones y formas de pago, de una manera más rápida y al menor costo posible.

Por último, no hay que dejar de mencionar la asimetría que existe entre el deudor y sus acreedores. Ya que el deudor debe declarar sus obligaciones vencidas y no las actualmente exigibles, además de entregar un listado de todos sus bienes al liquidador y presentar una propuesta de renegociación.

Al convocar la SIR a la audiencia de renegociación, el acreedor ingresa conociendo quienes son los acreedores, las obligaciones vencidas y los bienes del deudor. Si en la audiencia los acreedores no aceptan la propuesta del deudor, el siguiente paso es la liquidación del patrimonio, sin que este pueda arrepentirse, arriesgando a perder el total de su patrimonio, el cual muchas veces supera con creces la deuda en mora.

Del análisis anterior cabe reflexionar respecto de los actuales alcances de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento y los distintos mecanismos que dispone. Antes de tomar cualquier decisión, resulta pertinente realizar una evaluación profesional e integral del real estado de la empresa, considerando; masa de activos, capacidad instalada, generación de flujos futuros, alternativas de financiamiento, restructuración de pasivos y por supuesto, evitar caer en cantos de sirena, que aprovechando la desesperación generada por la actual crisis financiera, ofrecen a los deudores la liquidación (quiebra) como único mecanismo, empujados más por un aprovechamiento de la ley, que en viabilizar su operación y promover su reemprendimiento.

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